Conflicto en el cricket indio: el caso OCA y la BCCI
Nueva Delhi.— Un simple proceso electoral en la Odisha Cricket Association (OCA) ha destapado algo mucho más grande: una batalla silenciosa por el control del cricket indio en la era del National Sports Governance Act, 2025.
En el centro del conflicto, una afirmación contundente de la Board of Control for Cricket in India (BCCI) ante el Tribunal Superior de Odisha: el cricket, sostiene la junta, no es un “deporte designado” bajo la nueva ley. Traducido al lenguaje político-deportivo, la BCCI no está dispuesta, al menos por ahora, a colocarse bajo el paraguas del National Sports Board (NSB).
La OCA, el tribunal y una interpretación incómoda
El desencadenante llega con las elecciones de la OCA. En un escrito presentado por el equipo legal de la BCCI y autorizado por el secretario Devajit Saikia, la junta reclama que la asociación de Odisha debe ceñirse a la constitución vigente de la BCCI, reformada en 2019 tras las recomendaciones del Comité Lodha.
El mensaje es claro: nada de atajos, nada de excepciones locales.
En el documento, la BCCI subraya que, aunque el National Sports Governance Act, 2025 ya está en vigor, el cricket no ha sido notificado como “deporte designado”, y por tanto la ley no se le aplica. A partir de ahí, la posición se endurece: la OCA, que en su propio estatuto recoge que ningún directivo puede permanecer más de dos mandatos consecutivos, debe ir a elecciones a tiempo para evitar que alguien supere ese límite y, de paso, “mantener el espíritu” de la sentencia del Tribunal Supremo que dio origen a la reforma estructural del cricket indio.
La próxima audiencia está fijada para el 1 de septiembre. Pero el daño colateral ya está hecho: la incertidumbre se ha extendido por las unidades estatales de la BCCI.
Dos relojes distintos: el del Gobierno y el de la BCCI
Muchas asociaciones estatales creían tener margen. El aviso del Ministerio de Deportes, emitido en diciembre pasado, les permitió pensar que podían aplazar elecciones hasta diciembre de 2026 para ciertos cargos. De golpe, ese calendario queda en entredicho.
El punto más delicado es el periodo de enfriamiento para los dirigentes. La constitución de la BCCI, surgida del proceso Lodha, fija pausas obligatorias tras determinados ciclos en el poder. El National Sports Governance Act, en cambio, no contempla ningún cooling-off y suaviza también varios aspectos sobre conflicto de intereses.
Ahí nace el choque frontal.
Los actuales directivos de la OCA alegan que solo siguen las directrices del Gobierno central. La BCCI sostiene lo contrario y les exige obedecer su constitución interna. En medio, las asociaciones estatales miran al tablero sin saber qué normas prevalecen.
Un alto cargo, citado por un diario nacional, lo resumió con crudeza: si el Gobierno ha notificado que las entidades deportivas pueden aplazar comicios hasta finales de 2026, cualquier unidad estatal asumirá que puede esperar antes de renovar ciertos puestos. Pero la cúpula de la BCCI siempre ha defendido la “continuidad en la administración” como un valor clave. Si ahora la junta se aleja de las directrices gubernamentales, corre el riesgo de desestabilizar esa continuidad justo cuando muchos nuevos dirigentes empiezan a acumular experiencia.
La pregunta que se hacen en los despachos es tan simple como inquietante: ¿se rigen por la ley de gobernanza deportiva o por la constitución de la BCCI?
Política, leyes y una excepción de alto perfil
El debate no surge en el vacío. En agosto de 2025, durante la discusión parlamentaria del proyecto de ley, el diputado de Vijayawada y presidente de la Andhra Cricket Association, Kesineni Sivanath, aplaudió el texto y defendió que la BCCI ya respetaba sus principios esenciales. En aquella sesión se recordó, además, que el Gobierno había eximido a la BCCI del ámbito de la Right to Information (RTI) Act, al no depender de fondos públicos.
En mayo, la Central Information Commission reforzó esa línea al dejar a la BCCI fuera de la RTI Act y calificar las recomendaciones del Comité Lodha como “de carácter meramente consultivo”. Ese matiz jurídico, que en su día pareció técnico, hoy pesa mucho más: abre espacio para que la BCCI interprete hasta dónde debe, o no, acomodarse a nuevas normas estatales.
El resultado es un paisaje regulatorio lleno de zonas grises, justo cuando el deporte más influyente del país se juega su modelo de gobierno.
Un tablero interno lleno de intereses
La BCCI celebró sus propias elecciones el pasado septiembre, antes de que el Ministerio de Deportes emitiera su aviso sobre los comicios. Es decir, llegó a tiempo según su propio libro de reglas.
El vicepresidente Rajiv Shukla completará seis años en el cargo el próximo año. El secretario Devajit Saikia se encuentra ya en su segundo mandato como directivo y alcanzará también los seis años en 2028, momento en el que, bajo la constitución de la BCCI, deberá entrar en periodo de enfriamiento.
Ahí aparece otra arista clave: si la BCCI termina cayendo bajo el ámbito del NSB y de la nueva ley, ese cooling-off obligatorio para los altos cargos desaparecería. Las reglas del juego cambiarían de raíz para quienes hoy ocupan los sillones más poderosos del cricket indio.
La tensión, por tanto, no es solo jurídica. Es política, es personal y es estructural.
En los próximos meses, el caso de la OCA puede convertirse en algo más que un litigio regional. Puede marcar si el cricket indio sigue gobernándose bajo un régimen propio, blindado por su peso económico y social, o si entra de lleno en el marco común que el Estado pretende imponer al resto del deporte nacional.
