Gran Premio de Australia pierde batalla legal por concierto de Robbie Williams
El eco del caótico fin de semana del Gran Premio de Australia 2020 sigue golpeando a los organizadores, no ya en la pista, sino en los tribunales. La Australian Grand Prix Corporation deberá pagar 2,84 millones de dólares en compensación a la promotora World Touring Melbourne por la cancelación del concierto de Robbie Williams previsto en plena irrupción de la pandemia de COVID-19. Y ya no tiene margen para esquivarlo.
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelación confirmó de forma unánime la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Victoria en 2024, cerrando la puerta al intento de los organizadores de revertir el fallo. La cifra, millonaria, llega cuatro años después de aquel fin de semana en Albert Park en el que el mundo del motor y del espectáculo se paró en seco.
Un fin de semana que se desmorona
El 13 de marzo de 2020, el Gran Premio de Fórmula 1 en Melbourne se canceló a pocas horas de que se abrieran las puertas al público. La amenaza del coronavirus crecía, los equipos dudaban, el ambiente era de desconcierto. El evento cayó sobre la línea de meta sin llegar a disputarse.
Al día siguiente, en Lakeside Stadium, debía sonar otra clase de rugido: el de Robbie Williams, con un concierto ligado al programa oficial del Gran Premio. No hubo ni luces, ni público, ni Let Me Entertain You ni Angels. El espectáculo también fue cancelado.
Ahí empezó otro tipo de carrera. Esta vez, en los despachos.
El centro del conflicto: la versión sobre la autoridad sanitaria
World Touring Melbourne llevó a los organizadores del Gran Premio a los tribunales en 2024, acusándolos de incumplimiento de contrato. El argumento fue claro: el concierto no se suspendió por una orden sanitaria directa, sino por información engañosa proporcionada por la corporación.
El juez Clyde Croft dio la razón a la promotora. En su fallo, determinó que los organizadores habían engañado a World Touring Melbourne al asegurar que el entonces director de salud de Victoria, Brett Sutton, había ordenado que el concierto no se celebrara tal y como estaba previsto. Esa orden, según la sentencia, nunca existió.
La cronología resultó clave. A las 16:25 del 13 de marzo, la organización envió un correo electrónico a la promotora indicando que Sutton había aconsejado cancelar el Gran Premio o disputarlo sin público. Esa comunicación se utilizó como base para tumbar también el concierto de Williams.
Sin embargo, los mensajes del propio Sutton contaban otra historia. Más temprano ese mismo día, el responsable sanitario había enviado un texto a los dirigentes del Gran Premio en el que apoyaba la decisión de cancelar el concierto, pero dejaba claro que la decisión final recaía en los organizadores. No había prohibición directa. No había orden tajante.
Para el tribunal, esa diferencia fue determinante. No se trataba solo de un matiz, sino de la línea que separa una recomendación sanitaria de una imposición oficial. Y en esa línea, según la justicia, los organizadores cruzaron el límite al presentar la situación de forma engañosa ante la promotora.
Daños millonarios y un contraste incómodo
La sentencia obligó a la Australian Grand Prix Corporation a pagar 2,84 millones de dólares en concepto de pérdida de ingresos a World Touring Melbourne. Una cifra que refleja no solo la magnitud del concierto previsto, sino el peso contractual del acuerdo.
El contexto del fin de semana añade otra capa incómoda para los organizadores. Mientras el Gran Premio y el show de Robbie Williams se caían del cartel, otros eventos siguieron adelante en Melbourne. Partidos de la National Rugby League y un concierto en el Sidney Myer Music Bowl continuaron como estaba programado.
Ese contraste reforzó la posición de la promotora: si otros espectáculos se mantenían en pie bajo el mismo clima sanitario, el argumento de una orden inapelable desde la autoridad de salud quedaba aún más debilitado.
Una lección que va más allá del paddock
Con el Tribunal de Apelación respaldando de forma unánime el fallo original, la batalla legal queda prácticamente cerrada. No se trata de un simple episodio colateral de la pandemia, sino de un aviso claro sobre la responsabilidad de los grandes organizadores cuando manejan información sensible en medio de una crisis.
El Gran Premio de Australia volverá, los monoplazas seguirán rodando en Albert Park y los grandes nombres del pop llenarán estadios. Pero el precedente ya está escrito en los libros judiciales: en tiempos de incertidumbre, la forma en que se comunica una decisión puede costar tanto como una carrera perdida… o incluso más.
